Elecciones en Chile
La privatización de la democracia
Daniel Martínez Cunill
Participación en el ciclo
“Tener memoria para el futuro”
Comenzaré por decir que entiendo por privatizar
el acto de transferir una actividad pública al sector privado. Entiendo por
mercantilizar el acto de comerciar - con interés- objetos que no fueron hechos para ese fin.
A mi manera de ver, en las elecciones en
el Chile de hoy, más allá de abstenciones y cifras diversas, lo que ocurre es
que la cúpula político/empresarial del país ha privatizado la democracia
reservando para los ciudadanos electores la condición de capital que se negocia
bajo las leyes de la oferta y la demanda. La clase política chilena se ha visto devorada
por un espíritu
mercantil, por un utilitarismo en que combina impúdicamente la pasión por el
dinero y la pasión por el poder
Desarrollaré algunas ideas sobre la elección presidencial
chilena basado en las siguientes premisas:
1.
El proceso
electoral chileno se da en el contexto de una institucionalidad que conserva
vivos los ejes medulares de la dictadura militar en materia constitucional.
2.
La izquierda que
acude a esta convocatoria a elecciones lo hace enarbolando el ideario
allendista sólo en términos éticos.
3.
Por el
contrario, en términos socioeconómicos, en lugar de reclamarse heredera de
Allende, propone una versión depurada y llena de buenas intenciones populistas,
de un modelo neoliberal que no ha perdido vigencia desde 1973.
4.
De tal manera
que la disputa electoral chilena, más que entre propuestas ideológicas, se da
entre las alternativas políticas de aquellos que proponen una opción heredera
del modelo creado por el pinochetismo y los poseedores de una fórmula similar,
pero revestida de carácter social, que por el momento no ha logrado ni marcar
distancias respecto a la anterior ni demostrar sus supuestos beneficios.
La propuesta electoral de la derecha no nos
interesa. No tanto por conocida como por
su reiterativa necedad.
Si nos interesan y preocupan las propuestas que, bajo el concepto de “Nueva
Mayoría”, se utilizan para convocar a la sociedad a respaldar un proyecto
político que hipotéticamente representa el allendismo en versión renovada.
Pienso que no se podría inferir lo novedoso únicamente porque se suman
nuevos aliados, sino que la categoría de “nuevo” sólo sería posible si nos encontráramos ante propuestas
frescas, adecuadas a la realidad que vive Chile hoy en el contexto
internacional.
Y francamente no veo en el proyecto de Michelle
Bachelet y sus aliados más que la reiteración de buenas intenciones y
propuestas que no por legítimas ameriten el adjetivo de nuevo. Creo que estamos
ante la misma versión de hace cinco años, aderezada con un lenguaje que quiere
ser renovado, pero que no lo logra por carecer del requisito básico: no tiene
ni el menor asomo de una autocrítica de los errores y deficiencias del último
período de la fenecida Concertación.
Me pregunto cómo decide hoy su voto la izquierda
chilena y reconozco el valor de los que superan la disyuntiva. Votar hoy en Chile
es dramático, así como es dramático y honroso ser de izquierda.
Votar hoy a favor del bloque que se reivindica de
izquierda es duro. Votar implica dar un aval a una institucionalidad heredada
del horror de la dictadura que mantiene latente el chantaje de la violencia
militar.
Votar por la izquierda, hoy en Chile, exige aceptar
la convocatoria de la Socialdemocracia y la Democracia Cristiana, que fueron
pivotes de la Concertación y que hoy, bajo el nombre de Nueva Mayoría, pide que
se haga omisión de sus inconsecuencias y que se le respalde bajo la ilusión de
que esta vez – y ahora si – se darán los pasos para romper con el modelo
neoliberal, cambiar de fondo la Constitución heredada de Pinochet y se dará
prioridad a las reivindicaciones de los estudiantes, de las mujeres, de los
indígenas y de todos los sectores sociales que esperan turno en un proceso de
arreglos políticos cupulares que no acaban de entender.
Apoyar las candidaturas de la izquierda hoy en
Chile significa darles un voto de confianza de que serán capaces de exigir a
las Fuerzas Armadas una reconversión que democratice sus estructuras y formar a
sus miembros en el irrestricto respeto de los derechos humanos.
Estas reivindicaciones se antojan imprescindibles.
Mucho se ha tardado la llamada transición democrática chilena en lograrlo, en
parte por la debilidad de la izquierda social y en buena parte porque el pacto
que abrió paso a esta transición así lo contemplaba.
Tomemos por ejemplo la demanda de una Asamblea
Constituyente. Las instituciones heredadas de la dictadura la dificultan al
extremo de retardarlas por dos décadas.
En mi opinión, la izquierda chilena actual paga
todavía los costos del “pecado original” de su cúpula política, que le permitió
regresar a la vida política y de allí al gobierno. Está limitada, casi
incapacitada, para levantar un programa de justicia social y participación
democrática, por temor a que la oligarquía, las Fuerzas Armadas y el apoyo de
EEUU nuevamente impidan brutalmente que se hagan realidad esas aspiraciones.
La democracia chilena actual es hija del miedo, del
chantaje y la negociación super-estructural. Tanto en sus modalidades
institucionales como en las propuestas y promesas electorales subyacen las
concesiones que se hicieron desde un inicio. Eso explica en parte lo limitado y
temeroso de las propuestas de las diversas candidaturas.
La idea
de democracia del Chile actual es fruto del miedo y el agotamiento. El deseo de
la paz y la justicia social se travistió en una coexistencia que pagaba un
simulacro de democracia a cambio de impunidad.
Sin duda que la democracia chilena actual
constituye un avance en términos comparativos con la dictadura. Pero está muy
lejos de hacer justicia a los que sacrificaron su vida por ella y sin duda dista
mucho de parecerse al Chile socialista y popular que proponía Allende y del
cual la izquierda actual se reclama legítima y única heredera.
¿Significa esto que está todo perdido? Quiero
pensar que no. Quiero creer que más allá de propuestas socialdemócratas y socialcristianas
de diverso color y pelo, hay otras fuerzas que aún crean posible la formación de
una fuerza social y política que exija a la candidata de la izquierda la
convocatoria de una Asamblea Constituyente y a partir de allí, iniciar una verdadera transición democrática que
incluya rechazar definitivamente el chantaje de las Fuerzas Armadas, el castigo
a todos los culpables de crímenes contra la humanidad y violación a los
derechos humanos.
Una fuerza social y política que otorgue una
generosa jubilación a los agotados, desgastados y sempiternos líderes de la
izquierda tradicional, para dar paso a nuevas generaciones de dirigentes y
nuevas formas de dirección.
Recordemos
que en sus inicios el presidente Allende y los principales dirigentes de la
Unidad Popular sabían que el programa de transformaciones junto con ser
progresivo, sólo era realizable asumiendo el costo de socavar permanentemente
el sistema institucional vigente en los años 70.
En el
sistema político chileno no pueden seguir cohabitando las aspiraciones de un
modelo que priorice los intereses de los trabajadores y sectores más explotados
por el neoliberalismo con una minoría que encuentra su legitimidad política y
de clase justamente en la aplicación del modelo neoliberal.
Para ilustrar esto, pongo como ejemplo la aplicación de la ley
antiterrorista que resulta inadecuada, ineficaz, y violatoria de derechos humanos
y garantías constitucionales, particularmente en el caso de los mapuches.
En el
supuesto de que hubiera que sancionar acciones de violencia de jóvenes
estudiantes o mapuches es suficiente la legislación penal ordinaria.
La aplicación de esta herencia del
pinochetismo no sólo es ineficaz, es discriminatoria y racista porque conlleva
una estigmatización del propio pueblo mapuche.
Quiero
terminar aludiendo a las luchas de los estudiantes. Aunque muchas veces difiero
de sus métodos de lucha, comparto plenamente sus reivindicaciones básicas.
Y en un nuevo
recuerdo del pasado cito al presidente Allende que en 1971 dijo:
“En cuanto a establecimientos
particulares de enseñanza que imparten la educación pagada, el Gobierno de la
Unidad Popular también garantizará el respeto y cumplimiento de las normas
constitucionales y legales, pero deben integrarse al sistema nacional de
educación. No creemos que deba aceptarse que la educación sea considerada un
negocio, y por lo tanto, velaremos para controlar los cobros que allí se hacen
y para que, al mismo tiempo, la educación pagada no represente una segregación,
desde el punto de vista cultural, para los niños de Chile”.
No es
necesario abundar que los sucesivos gobiernos de la Concertación no honraron
ese compromiso y que las movilizaciones estudiantiles han sido un exponente
claro de esa indefinición.
Más
allá de votar en las próximas elecciones, hay que decidir, hay que generar la
fuerza necesaria para resolver la disyuntiva que la izquierda no supo, o no
quiso, resolver en los años setentas. Es cierto, hoy las condiciones son
distintas, pero las exigencias siguen siendo las mismas.
